RAZON PUBLICA, 2 de mayo de 2016
Qué pasó y que no pasó en la anunciada Asamblea de la ONU que promovió Santos para empezar a cambiar el paradigma de la “guerra de la droga”. ¿Algún progreso o alguna luz para Colombia?
Francisco Thoumi*
La UNGASS
La Asamblea General Especial de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por su nombre en inglés), que sesionó en Nueva York entre el 18 y el 22 de abril pasados, enfrentó a gobiernos con posiciones antagónicas acerca de la manera de manejar la producción, el mercadeo y el consumo de drogas sicoactivas.
La última vez que sesionó esta Asamblea fue en 1998. La UNGASS-1998 hizo una declaración política donde afirmaba la esperanza de que diez años más tarde el consumo y la producción de drogas ilegales hubiera disminuido. Sin embargo, en 2009 fue evidente que esta meta no se cumpliría.
De acuerdo con las convenciones internacionales sobre drogas, el órgano encargado de formular y evaluar las políticas mundiales de drogas es la Comisión de Estupefacientes (CND) que se reúne en Viena cada mes de marzo. De esta comisión hacen parte 53 países elegidos entre los miembros de la ONU. Colombia y otros países altamente afectados por las drogas siempre procuran estar en ella. En su reunión de marzo 2009 la CND emitió una declaración política reafirmando las políticas formuladas en la UNGASS-1998 y pronosticando éxitos para el año 2019.
La UNGASS-2016 fue convocada a instancias de Colombia, México y Guatemala para propiciar un debate antes de la reunión de 2019, pero no para reformar o eliminar las convenciones internacionales en esta materia. Se espera que la UNGASS-2019 sea bastante más reformista que las anteriores.
Negociaciones complejas
Una vez se convocó UNGASS-2016 surgió una puja dentro de la ONU para elaborar el documento sobre el cual se debía debatir. Por un lado, los órganos de la ONU interesados en derechos humanos, medio ambiente y desarrollo económico, así como algunos países como Colombia, México y Uruguay preferían que el documento se hiciera en la sede de la ONU en Nueva York, donde operan los programas de derechos humanos, medio ambiente y donde se negociaron las Metas de Desarrollo Sostenible 2030.
Por otro lado, países como Rusia, China, Singapur, Estados Unidos, Perú, Cuba, Venezuela y Nicaragua insistieron en que, como la sede de los órganos encargados de las drogas de la ONU estaban en Viena, el documento se hiciera en esa sede. Y esto fue lo que ocurrió. Allí se creó un comité para elaborar el documento donde participaron funcionarios de la CND y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que consultó a los gobiernos y a algunas ONG en representación de la sociedad civil.
Hubo reuniones periódicas de las representaciones nacionales con este comité para discutir el documento. En estas reuniones cumplieron un papel importante la embajada de Colombia en Viena y las delegaciones de los diversos Ministerios involucrados.
Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.
En la CND hay países que se agrupan para actuar de manera coordinada. Por ejemplo, el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC) tuvo varias reuniones donde se registraron tesis antagónicas. Colombia, México, Guatemala, y Uruguay buscaban posiciones flexibles, mientras que el grupo opositor, liderado por Perú y apoyado por Rusia y los países de tendencia socialista en la región (Venezuela, Honduras, Cuba), abogaba por mantener la política de mano firme.
Por fuera de la CND, otras organizaciones como Unasur buscaron consensos latinoamericanos y caribeños para poder llegar unidos a la Asamblea. Pero estos intentos enfrentaron dificultades semejantes.
Además de la ONU, organizaciones como la Comisión Global de Políticas de Drogas, el Instituto de la Sociedad Abierta y el Consorcio Internacional de Política de Drogas han promovido movimientos sociales para reformar las políticas de lucha contra las drogas. Estos movimientos, sumados a los procesos de flexibilización de las políticas de drogas en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos y europeos, han propiciado un gran debate sobre las convenciones de drogas y sobre su interpretación.
Los difíciles acuerdos
Todos esos debates se hicieron evidentes en la UNGASS-2016. Además, en este encuentro se aclararon varios puntos importantes:
- Las convenciones exigen que los países cumplan medidas restrictivas mínimas, pero no establecen límites máximos a la represión. Por eso, para cumplir con las convenciones no se requiere adoptar políticas comúnmente asociadas con “la guerra contra las drogas”.
- Las sentencias por los delitos de drogas deben ser proporcionales a los crímenes. Por eso, aunque las convenciones no prohíben la pena de muerte por delitos de drogas y los países son libres de aplicarla, se insta a que no lo hagan.
- Las políticas deben formularse dentro del marco de la agenda establecida en las metas de desarrollo sostenible para 2030 de la ONU. Esto implica que deben ser parte o estar coordinadas con las políticas de desarrollo económico y social. Las políticas de drogas no pueden ser independientes del resto de las políticas de los gobiernos.
- Por eso, deben respetar el medio ambiente, los derechos humanos, y deben tener en cuenta sus “consecuencias no buscadas”, o sea sus efectos económicos y sociales negativos.
Estos puntos suenan muy bien en el papel, pero tienen significados muy diferentes en diversos países. Por ejemplo, los conceptos de derechos humanos y de democracia difieren sustancialmente entre países de acuerdo a qué tan “socio-céntricos” o “individuo-céntricos” sean y qué tipo de gobierno tengan.
Esta diversidad también tiene que ver con la manera de tratar a los consumidores, adictos, productores y traficantes dentro de los países. Por ejemplo, muchos países hoy abogan por un tratamiento médico y no punitivo a los adictos, mientras que otros insisten en sanciones punitivas. Lo mismo ocurre con la pena de muerte por delitos de drogas, como dije anteriormente.
El problema no ha acabado
Con respecto a la legalización de los usos no médicos o científicos de las drogas, lo único que se podría esperar en el futuro cercano es
- un mejor trato para los usuarios y pequeños productores y traficantes, y
- una tolerancia a los usos no médicos o científicos de la marihuana.
En Colombia, desafortunadamente, tenemos una realidad distinta que enfrentar: la exportación de cocaína, heroína y otras drogas que todavía no están cerca de ser consideradas legales en ninguna circunstancia.
Que la meta de un mundo sin drogas es ilusa.
Y aun si las convenciones permitieran estas substancias, la decisión de prohibir sus importaciones seguiría siendo soberana de los Estados, que tienen todo el derecho a prohibirlas, como lo hacen algunos países con los alimentos genéticamente modificados o con las semillas transgénicas.
Por consiguiente, Colombia debe seguir enfrentando una cruel realidad: si el Estado no puede controlar la producción de la cocaína y la heroína ni su tráfico internacional, la comunidad internacional no le va a resolver ese problema. Este es un desafío enorme que hasta ahora el débil Estado colombiano no ha podido enfrentar.
Estados Unidos enfrenta un problema semejante: este país no puede controlar su demanda ni su importación, y el mundo tampoco les resolverá el problema. En ambos casos la solución debe surgir desde adentro, pero eso exige tener proyectos de construcción de ciudadanía inclusivos y aceptados por la gran mayoría, lo cual es muy difícil en nuestro entorno.
De otra parte, es claro que la meta de un mundo sin drogas es ilusa, pero eso no significa que todas las políticas prohibicionistas hayan fracasado. Sin duda la demanda de drogas y su consumo ha aumentado, pero eso es perfectamente esperable dados los cambios tecnológicos y estructurales que han ocurrido en el mundo:
- Un gran desarrollo económico que ha permitido que mucha gente disfrute del ocio,
- El debilitamiento de las familias y de las comunidades,
- Los grandes desplazamientos humanos,
- Las crisis económicas,
- La creciente secularización,
- El enorme crecimiento de la comunicación y la interconectividad que permite que la gente conozca otras sociedades y formas de vida….
Todos estos factores contribuyen a aumentar la demanda de drogas psicoactivas. Por eso el aumento en el consumo y la producción no prueba que las políticas sean malas. Asimismo, quienes abogan por legalizar el consumo no médico o científico no tienen manera de demostrar que las políticas que ellos defienden sean mejores que las actuales.
El problema ha sido la meta de un mundo sin drogas, implícita en la prohibición a todos los usos no médicos y científicos de las drogas controladas. Esta meta puede ser loable de acuerdo con algunos sistemas de valores, pero no es realista.
Lo que viene
Por eso, con miras a la UNGASS-2019 es necesario explorar posibilidades de permitir otros usos controlados para evitar las graves consecuencias de las adicciones y sus efectos socialmente negativos, inclusive la violencia y otros males sociales.
Una manera de hacerlo es exigir que las ciencias sociales sean reconocidas como ciencias en el momento de interpretar las convenciones, como lo sugirió la delegación uruguaya en la UNGASS, de modo que la decisión de permitir el uso regulado se tome después de haber evaluado sus costos y beneficios sociales aplicando métodos rigurosos.
Mirando hacia UNGASS-2019 es importante que Colombia defina exactamente sus metas. No basta argumentar que las políticas de drogas han fracasado y que hay que cambiarlas sin formular políticas alternativas claras.
Para eso se requiere un esfuerzo del Estado colombiano mucho mayor del que se hizo para UNGASS-2016. Las diversas ramas del gobierno involucradas en el problema de las drogas, en cooperación con la sociedad civil, deben explorar las posibilidades realistas para mejorar las políticas de drogas. La representación colombiana en Viena debe incluir un grupo multidisciplinario de expertos que participe activamente en el proceso de formulación de la UNGASS-2019.
Mientras tanto es necesario seguir luchando contra el narcotráfico de cocaína y heroína.
* Cofundador de Razón Pública y actual miembro de la Junta internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.